Procurador Carrillo responde a sentencia de Corte IDH en caso Petro
En este fallo, que además de declarar al Estado responsable de violar los derechos políticos del ahora senador Petro, también manifestó que las normas que facultan a la Procuraduría para imponer estas sanciones en contra los funcionarios elegidos popularmente, así como las que lo facultan para inhabilitarlos, constituyen a una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por esa razón, Carrillo manifestó que esta sentencia puede realizar ajustes normativos, pero “jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente”.
En ese sentido, advirtió que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, “puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la PGN”.
Carrillo Flórez no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.
Además, precisó que la CIDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado.
“Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”, afirmó el Procurador General.
Puesto que esta sentencia no “puede ser una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas”.
“Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”.
Según el procurador, en el fallo se reconoce en el Consejo de Estado el ejercicio de un control adecuado y oportuno a la legalidad, por lo que no resulta procedente ordenar medidas legislativas respecto del procedimiento general previsto en el Código Disciplinario Único.
Concluyó afirmando que “como legado dejaremos una entidad fortalecida y una propuesta que endurezca las sanciones contra los corruptos”.