| -A través del programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), 51 propietarios se beneficiaron en 2020. -Esta es la cuarta convocatoria que da incentivos por proteger y cuidar ecosistemas naturales. -Su implementación ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas que se benefician del suministro de agua de los acueductos surtidos por las cuencas que hacen parte del PSA. |
| La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, adelanta la cuarta convocatoria para propietarios de predios rurales que quieran participar en el programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), el cual ofrece incentivos económicos para aquellos que, de manera voluntaria, decidan proteger y conservar predios ubicados estratégicamente en ecosistemas naturales que suministran servicios ambientales a la comunidad. Durante el año 2020, otros 51 propietarios de 75 predios en los corregimientos Santa Elena, San Sebastián de Palmitas, Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal recibieron incentivos económicos por $200 millones trimestrales por sus acciones de protección, preservación y restauración de fuentes hídricas y, para este año, se espera aumentar el número de predios, para lo cual se tiene un presupuesto superior a $1.000 millones mediante convenio firmado con la Corporación Masbosques. “El cuidado y protección de nuestros recursos naturales es una de las prioridades para la Secretaría de Medio Ambiente. Actualmente, estamos liderando un programa de incentivos económicos dentro de la estrategia Pago por Servicios Ambientales-PSA, para que las personas que tienen en sus predios humedales, corrientes o nacimientos de agua reciban recursos económicos como incentivo para ayudar a mantener el equilibrio ambiental, logrando un compromiso mayor de estas familias con la conservación y cuidado del medio ambiente”, indicó la secretaria de Medio Ambiente, Juliana Colorado Jaramillo. La convocatoria se realiza de forma personalizada con los propietarios que cuenten con predios ubicados en zonas estratégicas y que, de manera voluntaria, decidan proteger y conservar los ecosistemas naturales que fueron definidos como áreas elegibles por la autoridad ambiental. Los pagos por servicios ambientales están regulados en la Ley 99 de 1993 que señala que todos los entes territoriales deben destinar no menos del 1 % de los ingresos corrientes a la compra y adquisición de predios de importancia ambiental asociados a la regulación hídrica de fuentes abastecedoras. En 2017 nació el Decreto 870, que permitió que estos recursos se puedan destinar a la implementación de Pago por Servicios Ambientales, con lo que se pretende conformar ecosistemas estratégicos asociados a la regulación hídrica. |
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