Por Gustavo A. Orozco Lince
¿Para qué son las cárceles y prisiones? ¿Para pagar un castigo, para corregir comportamientos, o una forma de justicia? Puede ser una o pueden ser todas. Unos quisieran que fuesen resorts y otros que fuesen purgatorios. El Estado es el más confundido, pues lleva décadas supuestamente arreglando el desastre y estamos hoy con la misma olla a presión. Así lo reflejan los recientes motines.
En todo caso, reformar el sistema penitenciario debería pasar por un enfoque de seguridad pública. Las medidas que se adopten para corregir este caos deben servir para acercarnos hacia una sociedad más segura.
Comparto la urgencia de mejorar las condiciones de encarcelamiento y reclusión, sobretodo hoy con un riesgo real de salud pública. Los privados de la libertad son también ciudadanos con derechos que volverán, en algún momento, a la libertad. Pero las prisiones, especialmente, deben ser un elemento realmente disruptivo de la cadena criminal. Hoy no hay garantías de derechos adentro y menos aún garantías de seguridad para la sociedad. En nuestra realidad letárgica e ineficiente, es urgente actuar en pro del segundo.
Nuestro sistema penitenciario no está contribuyendo en lo más mínimo al objetivo primordial de su existencia: protegernos. Hoy es cuna, patrocinador y refugio del crimen. Llevamos años de escándalos donde es obvia la facilidad de delinquir detrás de las rejas. La transmisión en vivo de los motines recientes refleja la porosidad escandalosa de las cárceles y prisiones. Supuestamente se había fortalecido el bloqueo de señales de celular y hasta se le había quitado esa competencia al INPEC. Claramente, con resultados mediocres. La estafa sigue, los lujos y favores se negocian. Así, estar tras las rejas se ha convertido en un chiste para los que quieren comodidad y para los que quieren delinquir.
Colombia no puede perder de vista experiencias espeluznantes de prisiones convertidas en refugios del crimen organizado. El Primer Comando de la Capital (PCC), una de las 83 organizaciones criminales con operación intramuros en Brasil, nació por y para los derechos de reclusos después de la masacre de Carandiru. Hoy tienen presencia nacional y controlan más de 140,000 reos en São Paulo. Son una mafia que opera campante desde la reclusión ante un Estado que claudicó su autoridad.
Pensar las prisiones desde la seguridad pública también requiere pensar realmente qué es útil para la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Es decir, de qué manera la reclusión de una persona sirve para no ser solo un castigo sino una medida que protegerá a los demás. Eso lleva a insistir también en fortalecer la resocialización para la reducción de la reincidencia. Pero primero lo primero: la reclusión no puede ser otra cuarentena domiciliaria. El que mucho abarca, poco aprieta.