El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, por cuanto fue en esa ciudad costarricense en donde se suscribió el 4 de marzo de 2018, tiene por objeto garantizar la implementación plena y efectiva, en la región, de lo necesario para asegurar los derechos a la información y a la participación pública en la toma de decisiones sobre la crisis ambiental, y de acceso a la justicia en la materia, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección de los derechos de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y, lo más importante, luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar tales derechos -que son verdaderos derechos fundamentales-, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, dentro de una concepción de la igualdad como centro del desarrollo sostenible.
En abril de 2021, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a los Estados Partes, pues, a su juicio, ese instrumento internacional es un logro histórico para la región y para el mundo. Dijo que, además de ser el acuerdo ambiental multilateral más reciente, negociado y adoptado bajo los auspicios de Naciones Unidas, es también el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe que incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En su 13a Sesión Plenaria, en julio, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas acogió con beneplácito el Acuerdo de Escazú e invitó a seguir buscando contribuciones voluntarias para sufragar los costos inmediatos que se deriven de la entrada en vigor del Acuerdo, a la vez que instó a todos los Estados Miembros a participar activamente en las gestiones y apoyos necesarios para alcanzar sus fines.
Ahora, en Glasgow -Escocia-, en el marco de la COP-26 sobre cambio climático, a la cual asiste el Presidente Duque, ha vuelto a destacarse el Acuerdo de Escazú, con el cual dijo comprometerse. Lo habían presentado al Congreso para su aprobación, con mensaje de urgencia, pero extraños motivos prevalecieron en las cámaras -al parecer conflictos de intereses- y en junio la iniciativa se hundió por falta de trámite.
Solo a propósito de la cumbre COP-26, y para mostrar su compromiso de apoyo, el Gobierno -que en lo interior no ha sido activo- se acordó de presentar de nuevo el Convenio, ya sin mensaje de urgencia, y es probable que, pese a su importancia y a las declaraciones de nuestros gobernantes ante la comunidad internacional, no se alcance a aprobar antes de culminar este período legislativo. Y falta todavía la revisión previa de la Corte Constitucional, para poder ratificarlo.
¿Qué pasa con Escazú? La crisis climática amenaza los derechos humanos de la actual y las futuras generaciones. El Estado colombiano no puede seguir apenas en la imagen y las apariencias. Debe asumir un compromiso auténtico y real.