Si Uribe ha cometido delitos, los debe pagar, pero sus graves denuncias deben ser investigadas con rigor.
Álvaro Uribe no tiene garantías en la Corte Suprema de Justicia. Esa es la compleja realidad. Uribe no puede confiar en su juez natural, porque, para empezar, desde allí alguien orquestó un plan para interceptarlo ilegalmente. Eso es un delito y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Cualquier ciudadano en el lugar del expresidente buscaría todos los mecanismos legales para librarse de un proceso en el que sin culminar ya sabe que está condenado. Uribe, costándole tanto, renunció al Senado. Aquí no vale si Uribe es el más poderoso, si lo aman, lo odian o lo sueñan en la cárcel. Tampoco su favorabilidad en las encuestas, si sube o baja. Si Uribe ha cometido delitos, los debe pagar, pero sus graves denuncias también deben ser investigadas con rigor. Los magistrados y fiscales tampoco pueden estar por encima de la ley. Si alguno ha sido arbitrario o ha delinquido, debe responder.
La desconfianza del expresidente naturalmente es mayor, porque los magistrados investigadores decidieron utilizar el material recaudado ilegalmente como prueba en su contra. Legalizaron esas chuzadas a las patadas. No se entiende entonces que esta sea la corte que, por ejemplo, no validó los computadores de Raúl Rayes por considerarlos
una prueba ilegal, contaminada. De lo contrario, más de un político estaría preso por sus vínculos con las Farc.
Estoy convencida de que, si la justicia funciona, toda la banda que chuzó a Uribe terminará condenada y en la cárcel. Entonces, ¿qué sucederá con el proceso?, ¿qué dirán los magistrados? Ellos se verán en aprietos para sustentar un caso pegado con chuzadas o que nació en la ilegalidad. Un delito, si existe, no se puede combatir con otro delito. La búsqueda de la verdad o la justicia no puede apoyarse en un camino que viola la ley.
Esa era la lógica de los que se aliaron con los paramilitares para combatir a la guerrilla. O de los que utilizaron a los Pepes para acabar con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Quien imparte justicia o representa la autoridad tiene la obligación moral altísima de regirse por una inquebrantable rectitud. Aclaro, las chuzadas a la Sala Plena de la corte fueron gravísimas, nadie podría estar de acuerdo con ello. Todavía no sabemos la verdad completa. Pero hay condenas. Igual ocurre con las chuzadas a Uribe: deben llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.
El interrogatorio del analista del CTI Óscar Álvarez es más que revelador. Él aseguró que advirtió a sus jefes, Clara López de la Fiscalía y al magistrado auxiliar Iván Cortés, que “no era A, sino B”, es decir, que escuchaba a Álvaro Uribe y no a Nilton Córdoba. Aun así, a Uribe lo siguieron oyendo fraudulentamente durante 32 días. A sabiendas de que era él. Así lo demuestra el acervo probatorio. Inclusive, en la primera llamada interceptada se escucha cuando el entonces senador saluda: “Buenos días, Álvaro Uribe”. Me pregunto: cuál es la diferencia entre el caso de escuchas ilegales a Uribe y el de los policías que interceptaron al Ñeñe Hernández y hoy responden ante la justicia por escuchar dentro de ese proceso sin orden judicial a cinco de sus compañeros y al jefe del sindicato de una universidad. El mayor Jéferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez están privados de la libertad y bajo imputación de cargos. Los que chuzaron al expresidente, por ahora, siguen libres.
¿Quién ordenó interceptar a Uribe y por qué? Todo parece premeditado.
Es urgente que los implicados le cuenten la verdad a la Fiscalía. A lo largo del proceso de Uribe es innegable que algunos episodios causan, por lo menos, curiosidad:
– Que la corte aún no revele la información contenida en los teléfonos y los computadores incautados en la cárcel al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. ¿Con quién hablaba y sobre qué? ¿Había allí información sensible para las investigaciones? También habría sido de mucha utilidad conocer en el expediente los chats del senador Iván
Cepeda con Monsalve. Incluso, para acabar con las suspicacias si fuere el caso.
– No incluir en el expediente la versión del Tuso Sierra o la compulsa
contra varios de los testigos que declararon a favor del expresidente.
– La decisión de la corte de no permitir que la defensa de Uribe contrainterrogara al testigo Monsalve.
– Los múltiples privilegios otorgados a Monsalve. – La detención de Uribe. Hasta el exmagistrado Carlos Bernal de la Corte Constitucional, postulado por Santos, le dijo a María Isabel Rueda que fue una medida “desproporcionada”.
Por lo demás, está probado el sentimiento antiuribista en varios magistrados. Y con toda la razón, por los enfrentamientos de vieja data. Pero así no se puede impartir justicia. La libertad y el buen nombre de los ciudadanos son sagrados. Ojalá la corte deje que el caso del
expresidente por posible manipulación de testigos pase a la Fiscalía. Esque nada tiene que ver con su función de senador. Además, así el expediente sería público. Lo mismo debería ocurrir con otras indagaciones en su contra por las masacres del Aro y San Roque, el
asesinato de Jesús María Valle, el Hacker y la Ñeñepolítica.
¿Por qué es casi pecaminoso decirle a la Corte que no le ha dado todas las garantías a Uribe y en cambio, al Fiscal General sí se le puede decir que es de bolsillo?