La columnista Elbacé Restrepo, en su artículo titulado “Muchas gracias por todo, Dr. Andrés Aguirre”, resaltó el trabajo de este médico como director del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien por más de 22 años dejó una huella de transparencia, humanidad y honestidad; mientras tanto, la Superintendencia de Salud entregó un informe donde pone de presente los delicados manejos que se dan en Metrosalud, que rayan con el fenómeno de la corrupción, el rango distintivo de la administración del alcalde Daniel Quintero.
El informe de 255 páginas es contundente con 38 hallazgos preocupantes: financieros, administrativos y asistenciales, y las conclusiones son desastrosas.
En uno de los apartes del informe se lee: “se observa alta frecuencia de formulación de morfina clorhidrato 1 % […] de los 54 registros del ‘archivo plano morfina ampolla’ se identifica 33 solicitudes por parte del médico general identificado con C.C. 80188929”, que corresponde a Juan David Cortés, compañero de la subgerente médica de Metrosalud, Lina Giraldo, y quien ha sido denunciado por sus colegas en diferentes unidades hospitalarias. Llama la atención que sus solicitudes de morfina son para pacientes con diagnóstico de gastritis y neumonía. Muchos nos preguntamos: ¿Montaron “plaza” de morfina en Metrosalud?
Es particularmente delicado el hallazgo número doce referido en el informe, donde se detalla el pago sin lleno de requisitos o soportes al contratista Eugenio Antonio Restrepo, cuyo objeto es la vacunación extramural para covid-19. El monto en la tercera factura de febrero de 2022 asciende a mil millones de pesos, autorizado por el interventor Carlos Arturo Zapata, jefe de la Oficina de Salud Pública y quien es el responsable del manejo de convenios interadministrativos por más de 100.000 millones de pesos.
La preocupación sobre la delicada situación de Metrosalud se incrementa cuando en las conclusiones se lee: “La gerente de la ESE utiliza recursos derivados de convenios interadministrativos que no son propiedad de la ESE, para destinaciones diferentes a las establecidas dentro de los convenios. Además, ordena pagos a terceros que no cuentan con un vínculo contractual dentro de la ESE, sin exigir los documentos suficientes que soporten los pagos realizados y que den cuenta de las actividades realizadas y justifiquen estos egresos”.
Otros hallazgos muy graves por parte de la Superintendencia de Salud son los siguientes:
• “La ESE no garantiza la dotación en seguridad necesaria para la atención de los pacientes toda vez que: no garantiza la calibración y/o el mantenimiento de los equipos de acuerdo con las indicaciones del fabricante, poniendo en riesgo el diagnóstico y tratamiento requeridos por los pacientes”.
• “La ESE no satisface los requerimientos y exigencias para el funcionamiento del servicio farmacéutico toda vez que: no garantiza la adecuada recepción, almacenamiento y/o distribución de los medicamentos y dispositivos médicos”.
Ante este preocupante informe, ¿qué opinan la junta directiva de la institución, el Concejo, la Personería y la Contraloría de Medellín y la Fiscalía, ahora que por vigencias futuras le autorizaron al alcalde 700.000 millones de pesos?
Post Scriptum: Diferentes quejas se recibieron esta semana en el desarrollo de la licitación, por 35.000 millones de pesos de la vigencia de 2022, para la entrega de bonos alimentarios a población vulnerable